Bonos Petro Orinoco:
estafa a los trabajadores

Presentamos el análisis del Economista José Guerra, sobre el anuncio del gobierno, de pretender pagar los Pasivos laborales, con Bonos Petro Orinoco

Noticiero Digital.- Después de haber despilfarrado una suma inconmensurable de recursos financieros en donaciones, regalos y transferencias al exterior, ahora el gobierno se niega a cancelarle a los trabajadores lo que les corresponde por concepto de prestaciones sociales causada y no pagadas así como por otros conceptos derivados de las relaciones laborales entre el Estado patrón y sus trabajadores, como es el caso, por ejemplo, de aumentos salariales decretados y no pagados oportunamente y las normas de homologación del sector universitario. Se estima que la deuda laboral del Estado asciende a US$ 15.000 millones.



Conviene mencionar que la fuente principal de la deuda laboral en Venezuela se origina con el gobierno de Hugo Chávez. Al reformarse la Ley del Trabajo en 1997 y eliminarse la retroactividad de las prestaciones sociales, los patronos privados comenzaron a pagar al finalizar cada año de trabajo, el monto correspondiente a las prestaciones sociales, las cuales se podrían colocar en una cuenta individual a nombre del trabajador o alternativamente como parte de la contabilidad de la empresa. En cualquier caso, esas prestaciones podrían ser retiradas por sus titulares, luego de cumplir ciertas formalidades.

Contrariamente, el gobierno no constituyó los fideicomisos para los trabajadores de la Administración Pública de forma tal que al concluir la relación laboral, los trabajadores pudiesen retirar sus haberes acumulados. Desde 1999 ese monto adeudado comenzó a aumentar de manera sostenida hasta conformar una deuda que al cierre de 2011 se estimaba en los de US$ 15.000 millones, antes mencionados. Un gobierno responsable hubiese tomado la previsión de ahorrar una parte de los jugosos ingresos petroleros y no petroleros recibidos a partir de 1999, con el objeto de honrar la deuda con los servidores públicos. Como resultado de todo ello, un empleado público que se jubila pasa años sin cobrar el monto adeudado por sus prestaciones.

Al no pagar a tiempo el gobierno, la inflación se encarga de disolver el poder adquisitivo de ese dinero cuando al trabajador le cancelan finalmente el monto que se le debe. Algunos cálculos sugieren que en promedio, desde que un trabajador es jubilado hasta el momento en que cobra sus prestaciones, transcurren siete (7) años, tiempo suficiente para que el alza de los precios envilezca el ingreso que se percibe. Los trabajadores de Venezuela no pueden responder por la irresponsabilidad del gobierno cuando se demora excesivamente en el pago a sus trabajadores que se acogen a su jubilación.

Con motivo de la nueva Ley Orgánica del Trabajo, vuelve a ponerse sobre la agenda pública el pago los pasivos laborales por prestaciones sociales. En una coyuntura electoral y para no asilarse de los trabajadores, el gobierno propone pagar con un bono, que puede ser una especie de papel para en un futuro acceder a una vivienda o el llamado Petro Orinoco. Un bono no es más que una promesa de pago que hace el emisor de que en un cierto tiempo va a pagar el monto de ese bono y además que periódicamente cancelará los intereses correspondientes.


Economista José Guerra


Por tanto, si por la deuda acumulada, el gobierno le entrega a un trabajador un bono con vencimiento a diez (10) años, el trabajador no podrá recuperar el monto adeudado a menos que decida venderlo en el mercado financiero. Si lo transa en el mercado financiero porque puede estar urgido de liquidez, entonces el trabajador va a acusar una pérdida debido a que el comprador lo adquirirá con un descuento. Esa ha sido la experiencia de la gran mayoría de los bonos que se negocian antes del vencimiento.

Otro punto fundamental para el trabajador es el rendimiento o tasa de internes que devengará el bono. El gobierno para financiarse barato ha disminuido las tasas de internes y ello le permite colocar su deuda pagando menos de 10% y más recientemente 4% para financiar la construcción de viviendas, por ello es que se ha destruido el ahorro en Venezuela. Por esa razón ya los bancos no aceptan certificados a plazo fijo. Como la tasa de inflación es mayor al 20%, es claro que el gobierno se está financiando gratis. Pide prestado a tasas bajas y la inflación se encarga de erosionar el valor de esa deuda.

Si los Petro Orinoco tienen una tasa de interés menor al 20% anual, es claro que el gobierno le va a confiscar sus prestaciones sociales a los trabajadores. Por tanto, están los trabajadores a quienes el Estado le adeuda ante la posibilidad cierta de que con esas especie de fichas que son los bonos Petro Orinoco sean estafado. Es claro que los trabajadores deben exigir su pago completo, en moneda constante y sonante y que el gobierno utilice los recursos que dice que tiene guardados en los distintos fondos para saldar su deuda con los trabajadores.


POR:

Economista José Guerra

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