Rectora pide a la Sala Constitucional que suspenda la aplicación de la LOE

El día de ayer, 11 de mayo de 2011, la representación jurídica de la Rectora de la UCV, prof. Cecilia García Arocha, introdujo ante la Sala Constitucional del TSJ una solicitud de suspensión de efectos del numeral 3 del artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación (LOE), como una medida cautelar. Como se sabe, la LOE fue impugnada por inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional en el mes de octubre de 2009, en su totalidad y, subsidiariamente, en algunos de sus artículos.



En vista del tiempo transcurrido sin que se haya producido decisión, se pide a la Sala que declare la suspensión de efectos del artículo mencionado, en el cual se dispone que en las Universidades que eligen sus autoridades, se consagra el “…ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de los derechos políticos de los y las integrantes de la comunidad universitaria, profesores y profesoras, estudiantes, personal administrativo, personal obrero y, los egresados y egresadas de acuerdo al Reglamento” . Esta norma, además de que contradice lo dispuesto en el artículo 109 de la Constitución, en la que se define quiénes son los integrantes de la comunidad universitaria, requiere de una ley especial que desarrolle un conjunto de aspectos para hacerla aplicable. En la misma LOE se consagra que “La ley del subsistema de educación universitaria determinará la adscripción, la categorización de sus componentes, la conformación y operatividad de sus organismos y la garantía de participación de todos y todas sus integrantes” , y ese subsistema está actualmente regulado por la Ley de Universidades. Para aplicar la LOE es necesario saber si las personas que dictan seminarios o que tienen la condición de docentes o investigadores libres tiene derecho a voto, lo que se entiende por alumnos regulares, si votan los alumnos de postgrado o de cursos de extensión, si los trabajadores que realizan tareas temporales pueden votar, si el voto de los egresados es igual al de los demás integrantes de la comunidad universitaria, etc. Por lo demás, la LOE asegura a los empleados y obreros la participación como integrantes de una Consejo Contralor, más no en los organismos de cogobierno.

La Asamblea Nacional trató de llenar este vacío con la sanción de la Ley de Educación Universitaria (LEU), la cual, además de desconocer la autonomía universitaria garantizada por la Constitución, fue devuelta por el Presidente de la República en diciembre de 2010 por considerar que su texto era “inaplicable e inconsulto”. No obstante, en sentencias recientes la Sala Electoral, contradiciendo el criterio de la Sala Constitucional de que el derecho al voto en las elecciones universitarias es un derecho académico y no político, pretende que las Universidades que eligen sus autoridades (las autónomas y algunas experimentales) dicten un Reglamento que consagre el voto uno a uno de todas las personas que forman parte de la redefinida “comunidad universitaria”, lo cual da derecho (y obliga) a las Universidades a modificar las estructuras universitarias previstas en la Ley y a hacerlo, cada una, en la forma que considere más conveniente, lo que ha creado una situación de desorden y cuasi anarquía en las instituciones universitarias. Y todo ello sin esperar a que el debate nacional que se está realizando el todo el país, al cual invitó el Presidente, culmine con unas conclusiones y recomendaciones para la Asamblea Nacional.

Ante esta situación, la solicitud de la UCV, de ser declarada con lugar, suspendería la aplicación de la norma impugnada, lo cual permitiría que las elecciones convocadas en todas las Universidades se realicen según la vigente Ley de Universidades y los Reglamentos Electorales, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de nulidad que cursa ante la misma Sala Constitucional.

Prof. Manuel Rachadell

Director de Asesoría Jurídica

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