Privatización de bienes de la UCV
en haras de ‘El Socialismo Agrario’

El Instituto Nacional de Tierras, en su afán por imponer lo que denominan «El Socialismo Agrario», ha actuado contra la UCV, violando y contradiciendo sus propias resoluciones de igual manera como lo hace en contra de otras leyes y la Constitución Nacional


Una mirada atenta al decreto de fecha 10 de julio del año 2008, decreto Nº 4530, firmado por el actual Presidente del INTI, Juan Carlos Loyo, para notificarle al representante legal de la UCV un dictamen sobre la Estación Experimental San Nicolás, cuyo asunto es “Improcedencia de Tierras Ociosas o incultas sobre Estación Experimental de la UCV”, nos informa lo siguiente:


Profesor Amalio Belmonte

«… mal podría acordarse la ociosidad del lote de terreno ut supra, cuando la carga animal supera las un mil quinientas existentes en las un mil cuatrocientos cuarenta hectáreas que posee la Extensión Experimental San Nicolás de la UCV», luego agrega que esa Estación Experimental está dedicada a la docencia, a la extensión y la investigación, «cumpliendo con una función eminentemente científica, actividades que de conformidad con la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación son de interés público y de interés general para la Nación»

El INTI cambia abruptamente de opinión para justificar, sin fundamento legal o académico alguno, la confiscación de la mitad de las tierras de la Estación Experimental San Nicolás y colocarla bajo el eufemismo expropiador de «Garantía de Permanencia Socialista Agraria» argumento mediante el cual se privatiza un bien público de la UCV, es decir, del propio Estado.

En el mismo decreto, la directiva del INTI admire que la Estación Experimental San Nicolás “no puede ser considerada como una unidad de producción, toda vez, que se trata de una extensión del recinto universitario dedicada a la docencia, investigación y extensión…, razón por la cual se declara la improcedencia de la Declaratoria de Tierras Ociosas e Incultas .Así se decide»

El INTI no solo se niega a sí mismo, sino que con su decreto actual afecta profundamente actividades de extensión y de Servicio Comunitario que vinculan a la Extensión San Nicolás de la Facultad de Agronomía con otras actividades de las Facultades de Ciencias de la Salud, e igualmente con universidades aledañas al Núcleo Maracay de la UCV. Así lo informó el Dr. Leonardo Taylhardat, Decano de la Facultad de Agronomía. Además, las actividades que realiza la Extensión San Nicolás, poseen un valor cualitativo para toda la Región Central del país por los resultados de sus investigaciones junto con Facultades de Agronomía de otras universidades para diagnosticar mejoramiento agrícola que contribuyen de forma muy importante, con todos los programas orientados a lo que el sector oficial denomina Políticas de Seguridad Alimentaria.

Como puede concluirse, la privatización de los bienes públicos de la UCV por parte del Gobierno Nacional, no solo contraviene su prédica ideológica, sino que tiene efectos devastadores sobre los esfuerzos académicos y científicos de la UCV y otras universidades para lograr que el país pueda enfrentar de mejor manera la situación de desabastecimiento de productos alimenticios y diseñar programas que incrementen la producción de bienes agrícolas de origen nacional para abastecer el mercado interno. Todo lo cual contribuiría a trabajar en serio por una Política de Autoabastecimiento.

Hubo consenso en el Consejo Universitario, para rechazar estas nuevas formas de intervención contra nuestra universidad, al mismo tiempo, se llamó la atención sobre acciones similares que se muestran ya tanto en otras Estaciones Experimentales así como en Núcleos de Desarrollo que ejecuta la UCV.

Igualmente, se aprobó respaldar al Consejo de Facultad de Agronomía, al equipo decanal, encabezado por el Dr. Leonardo Taylhardat, y a toda la comunidad de esa Facultad en las acciones para reivindicar los bienes que le han sido usurpados.

La Consultoría Jurídica de la UCV, realizará todas las diligencias de carácter legal con el fin de denunciar la contravención de normas y principios constitucionales y exigir la rectificación del Decreto del Instituto Nacional de Tierras. La Dra. Juliet González, expuso ante el CU, las debilidades, contradicciones y violaciones del Decreto.

El CU, acordó elevar antes los organismos internacionales correspondientes, una denuncia más sobre atentados contra la autonomía universitaria y la misión que cumple la Academia Venezolana.

Prof. Amalio Belmonte

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