Relación del Estado con sus
trabajadores ha sido turbulenta

Nómina estatal creció 48,3% desde que se iniciaron las expropiaciones

El Universal.- En los últimos años el Estado ha marchado a pasos gigantescos en su capacidad empleadora, a través de las estatizaciones y expropiaciones de industrias; no obstante en su gestión como patrono los resultados no lucen tan contundentes.



Desde 2005 comenzaron los ensayos del Gobierno para implantar el modelo productivo socialista en el país. Invepal, Hilandería Tinaquillo y Constructora Nacional de Válvulas fueron los primeros experimentos en un camino que llevó a las estatizaciones de grandes empresas como Sidor, Cantv, las eléctricas, cementeras, petroleras, portuarias, algunos bancos e industrias de alimentos.

De 1.625.701 personas en mayo de 2005 -cuando se concretaron las primeras expropiaciones-, la nómina estatal cerró en diciembre de 2009 en 2.411.603 trabajadores, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto significa que el número de obreros y empleados dependientes del Estado creció en 48,3%.

La explosión laboral, tras las estatizaciones, ha implicado un aumento del tamaño del Estado y, por lo tanto, en sus obligaciones financieras. Y el resultado directo de ello ha sido un ascenso en el número de protestas de los trabajadores públicos en el último año.

De acuerdo con el reporte «Monitoreo de Conflictividad Laboral 2009» que publicó la Cátedra de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, 86% de las protestas registradas el año pasado fueron protagonizadas por los trabajadores que dependen del Estado. El estudio señala que el resultado estuvo influenciado por la reducción del ingreso petrolero y por la expansión del tamaño del Estado luego de las nacionalizaciones.

Precisamente una de las empresas que ha registrado más conflictos en el último año ha sido Sidor, la cual pasó a manos estatales en mayo de 2008. Unos 7.000 tercerizados todavía aguardan por su ingreso a la nómina de la factoría, tal como les prometió el Gobierno cuando la siderúrgica fue estatizada.

Pero esa espera se ha convertido en un dolor de cabeza para Sidor, que se ha enfrentado a reiteradas paralizaciones en sus operaciones por los reclamos de los tercerizados. Ahora, con el cese de algunos hornos de la siderúrgica como parte del plan de racionamiento eléctrico, se escucha la inconformidad por el destino de esos trabajadores.

El caso de Sidor es el más reciente, pero no el único. Los sindicatos del sector eléctrico también saben lo que significa tener al Estado como patrono. Llevan 18 meses con su contrato colectivo vencido, en una discusión por mejores condiciones que se ha visto paralizada en varias oportunidades en ese período.

Del sector público, los trabajadores de Cantv fueron los únicos que lograron firmar su contratación colectiva el año pasado. Los petroleros acordaron nuevas condiciones esta semana, justo cuando se cumplía un año desde el vencimiento de la contratación colectiva.

Para los temas contractuales, el Ministerio del Trabajo se guió con un documento definido en el alto Gobierno para delinear la política laboral en el marco de la transición hacia el socialismo. El plan «Políticas Laborales y Negociación Colectiva» detalla cambios profundos en la relación entre los trabajadores y sus patronos, entre los que están la igualdad salarial para la nómina pública, así como la necesidad de privilegiar los beneficios sociales por encima de los económicos.

La promesa en todas las políticas definidas y declaraciones oficiales es que los negocios nacionalizados pasen a manos de sus trabajadores. Pero en las empresas que sirvieron de tubo de ensayo para las estatizaciones nunca ocurrió.

El Estado traspasaría su mayoría accionaria a los trabajadores de Invepal e Inveval dos o tres años después de su nacionalización. Cuando el plazo estaba por cumplirse, dejaron de ser empresas en cogestión para convertirse en empresas de propiedad social indirecta, lo que otorga al Gobierno el manejo indefinido de esas industrias.

POR:

Suhelis Tejero Puntes

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