Plan laboral socialista se apoya
en control estatal sobre la banca

Gobierno crea ente de alto nivel para definir políticas laborales en el sector público

El Universal.- Hace menos de una semana desde el anuncio de la estatización de algunos bancos intervenidos, y ya ayer se oficializó el primer paso en el marco de un programa de políticas laborales que depende, en parte, de que el Estado logre la hegemonía de la banca estatal.





Detrás de las intenciones de la Presidencia de la República de modificar el sistema financiero venezolano, a través del control sobre la banca y la modificación de las leyes de Bancos y la de Seguros, llegó la aprobación del decreto que crea la Comisión Presidencial de Política Laboral para el Sector Público, cuyo objetivo es, entre otros, la revisión y evaluación de las contrataciones de pólizas de seguros colectivas de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM) del sector público.

En la Gaceta Oficial número 39.322, que circuló ayer, se publicó la orden presidencial para crear la instancia que tendrá como objetivo central «diseñar y proponer una política laboral centralizada y común para los entes y órganos que conforman la Administración Pública», según indica el texto oficial.

Asimismo, el decreto presidencial explica que la comisión se dedicará a formular políticas laborales especiales para el sector público que logren la unificación progresiva de las condiciones de trabajo.

El decreto se enmarca en el plan «Políticas Laborales y Negociación Colectiva 2009», elaborado por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, que dicta los pasos a seguir para lograr la transición al socialismo.

Uno de ellos es establecer un programa para que el Estado asuma poco a poco la prestación y el manejo de servicios como las pólizas de seguro, la contratación de servicios médicos, el pago del bono de alimentación, las nóminas y fideicomisos de los trabajadores y los aportes a la seguridad social, entre los aspectos más destacados.

Los planes para lograr algunos de estos objetivos descansan sobre la compra del Banco de Venezuela y la estatización de los bancos Bolívar, Central, Confederado y Real, recién intervenidos, movida gubernamental que permite al Estado dominar la cuarta parte de los depósitos del sistema financiero, a través de una red bancaria que supera las 700 agencias a escala nacional.

Adicionalmente, se anunció este fin de semana la creación del Banco Bicentenario, integrado por las intervenidas entidades financieras Central, Confederado y Real, en conjunción con Banfoandes, que comenzará a operar este 21 de diciembre.

Asimismo, hace pocos días el presidente Chávez ordenó la revisión de la situación de las empresas aseguradoras y exigió la intervención de Seguros La Previsora para facilitar la creación de la empresa Bolivariana de Seguros y Reaseguros.

La Vicepresidencia de la República tiene en sus manos la creación de esa institución, la cual manejará las pólizas de HCM de los trabajadores de la Administración Pública, según informó recientemente el presidente de la subcomisión de Asuntos Laborales de la Asamblea Nacional (AN).

Los datos del Instituto Nacional de Estadística al cierre de octubre indican que la nómina del Estado, que ha crecido fuertemente en los últimos años tras la política de estatizaciones, ascendía a 2.257.126 trabajadores para ese mes.

La Comisión Presidencial de Política Laboral para el Sector Público, que coordinará la progresiva mudanza de esas pólizas de HCM del sector privado al Estado, se instalará el próximo 29 de diciembre y estará presidida por el vicepresidente de la República, Ramón Carrizález. Otros funcionarios que participarán permanentemente en la instancia serán Luis Reyes Reyes, segundo vicepresidente del Consejo de Ministros; María Cristina Iglesias, ministra del Trabajo y Seguridad Social; Jorge Giordani, ministro de Planificación y Desarrollo; Alí Rodríguez Araque, ministro de Economía y Finanzas y Gladys Gutiérrez, procuradora general.

El presidente Chávez someterá a consideración todos los temas referidos a la política laboral en el sector público, según indica el Decreto presidencial número 7.089.

POR:

Suhelis Tejero Puntes

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