Observaciones al PLO de Educación
POR: Prof. Amalio Belmonte

En el documento aprobado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, se hace mucho más ostensible el sobredimensionamiento del Estado, entendido como Gobierno, para centralizar y controlar la Educación, excluyendo al resto de la sociedad de atribuciones relevantes con respecto a este tema. La Comisión actuó fundamentalmente para incorporar artículos que permiten al Gobierno someter a las Universidades Autónomas y a toda la Educación Superior, bajo su arbitrio. Es decir, es un proyecto antiuniversitario y contrario a una educación libre y democrática.

El Proyecto reafirma lo que ya es conocido en el discurso oficialista, que la Educación debe basarse de forma obligatoria en la “doctrina bolivariana y robinsoniana”, definida ésta de acuerdo a los criterios del Gobierno. Igualmente, se habla de pertinencia social de la Educación y de la idoneidad de los docentes, siempre con la valoración oficialista al respecto.

Se incorporan como agentes de la Educación, para actuar como actores políticos en el Sistema Educativo, a los Consejos Comunales y todas aquellas organizaciones que el Gobierno considera parte del llamado Poder Popular.

Lo concerniente a la educación universitaria, reproduce con exactitud las exigencias que hicieran los Ministros Luis Acuña y Héctor Navarro ante la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, que como sabemos, tenían la intención de colocar a las Universidades bajo el mando de los Ministerios de Educación y de Educación Superior.

Transformar a las misiones educativas en las instituciones formales, por excelencia, del Sistema Educativo, como una estrategia de inclusión social obligatoria. En definitiva, es un proyecto reglamentista, con marcada inclinación punitiva, que prohíbe y asfixia iniciativas y formas de organización que no estén en correspondencia con los objetivos ideológicos del Gobierno.

Estos aspectos generales señalados, indican con claridad la intención de hacer del Sistema Educativo, una estructura para validar el modelo político ideológico oficial. Incluso, cuando hablan de “la Educación abierta a todas las corrientes del pensamiento”, lo hacen como algo accesorio, que no se refleja en la concepción general del documento.

¿En qué medida se afecta a las universidades y especialmente a la autonomía universitaria?

Veamos:

– En la competencia del Estado Docente (véase artículo 5), el presupuesto universitario y el patrimonio de las universidades deberá ejecutarse de acuerdo al principio de la Democracia Participativa y Protagónica. Esto afecta considerablemente la potestad de las autoridades universitarias con respecto a un asunto de tanta importancia.

– Los procesos de ingreso de los profesores y la carrera académica se someterán a métodos de evaluación integral y contraloría social.

– Los egresados de las universidades también estarán sujetos a una Ley Especial, para obligarlos al ejercicio profesional en el país.

– Las políticas de Ingreso y Admisión, que tanto incomodan al Profesor Navarro y al Profesor Acuña, ahora sólo pueden ser definidas por el Ejecutivo Nacional.

– El Servicio Comunitario y las Pasantías deberán inscribirse en el marco de lo que el Gobierno define como Desarrollo Endógeno.

– Se sustituye la idea de Educación Superior por Educación Universitaria. De esta manera, el Gobierno quiere equipar a todas las instituciones que actualmente no poseen ese status académico, con las Universidades Nacionales.

– La elección de las autoridades universitarias estará determinada por lo que el Gobierno establece como Democracia Participativa y Protagónica, y su mandato puede ser revocado. También es importante mencionar que se extiende la idea de Comunidad Universitaria, de forma distinta a lo consagrado en la Constitución. Así, el personal administrativo y el personal obrero, pasarían a formar parte de la comunidad académica, y por tanto, con derecho a elegir a los decanos y autoridades universitarias.

– Los Consejos Estudiantiles serían la nueva figura que sustituiría a las formas organizativas vigentes que caracterizan al movimiento estudiantil universitario. Además, se les define las funciones y le sentido de sus actividades. Se anuncia igualmente que habrá una normativa que regirá a estos Consejos.

– Se insiste en muchos de los artículos sobre Contraloría Social, Consejos Contralores y Consejos Comunales. Todos ello para menoscabar la autonomía de las autoridades universitarias y de los actuales organismos de cogobierno, con el propósito de hacer depender la vida de las Universidades del férreo control gubernamental. Esto fue planteado en la reforma constitucional del 2007 y fue negado. La autonomía queda como un principio disminuido, que sólo permitiría a las Universidades planificar a medias sus programas académicos.

– Tal como se dijo al principio de estas reflexiones, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes satisfizo con mucha prodigalidad el interés que tenían los Ministros para cercar las Universidades. En ese sentido, además de lo dicho hasta ahora, hay que destacar las Leyes Especiales que el documento presenta, referidas a lo siguiente: Financiamiento del Sistema Nacional de Educación Universitaria; el ingreso de estudiantes a este Sistema; los Postgrados; la carrera académica; el ingreso y permanencia de los docentes.

Como podrá verse en este primer análisis que hacemos del documento aprobado durante el día de ayer por la Comisión de Ecuación, Cultura y Deportes, existen razones para que la comunidad universitaria asuma con la gravedad que el caso reclama, la defensa de la educación libre y democrática y el principio cardinal de la autonomía universitaria.

De acuerdo con lo que ha sido la lógica de discusión de la Comisión correspondiente, no pareciera descaminado pensar que la Asamblea Nacional complacerá al Presidente de la República y a los Ministros Navarro y Acuña, para tener una Ley de Educación “Revolucionaria”, antes del inicio del próximo año escolar.

Posteriormente, les comunicaremos otros análisis que compartiremos con autoridades y docentes, tanto de la UCV como de otras Universidades.

Prof. Amalio Belmonte

Secretario de la Universidad Central de Venezuela

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