Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Parte II

 

 

PARTE II

A/HRC/41/18

  Unofficial translation Distr. General

4 de julio de 2019

 

Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos

41º período de sesiones

24 de junio–12 de julio de 2019

Tema 2 de la agenda

Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos e informes de la Oficina
de la Alta Comisionada y del Secretario General

Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela*

Resumen

Este informe, que se presenta en cumplimiento de la resolución 39/1 del Consejo de Derechos Humanos, ofrece una visión general de la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela de enero de 2018 a mayo de 2019.

 

  1. Uso excesivo de la fuerza y muertes causadas en el contexto de operaciones de seguridad
  2. Según el Gobierno, la implementación de operaciones de seguridad ciudadana ha llevado a un descenso constante de la delincuencia en el país, especialmente del delito de homicidio. Sin embargo, en el contexto de estas operaciones de seguridad[1], el ACNUDH documentó casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por fuerzas de seguridad llevadas a cabo en vecindarios pobres. Desde principios de 2018, las operaciones de seguridad de las FAES, creadas para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales, reemplazaron a las operaciones de seguridad denominadas “Operaciones de Liberación del Pueblo” implementadas de 2015 a 2017[2]. Las personas entrevistadas se refirieron de manera constante a las FAES como un “escuadrón de la muerte” o un “grupo de exterminio”. Según informes de ONGs, las FAES son responsables de centenares de muertes violentas[3].
  3. El ACNUDH entrevistó a los familiares de 20 hombres jóvenes muertos por las FAES de junio de 2018 a abril de 2019. Todos/as describieron un modus operandi similar. Las FAES llegarían en camionetas negras sin placas de matrícula y bloquearían los puntos de acceso en la zona. Vestían de negro, sin ninguna identificación personal, con pasamontañas cubriendo sus rostros. También llevarían armas largas. Las familias de las víctimas describieron cómo las FAES irrumpieron en sus hogares, se apoderaron de sus pertenencias y ejercieron violencia de género contra las mujeres y las niñas, incluyendo la desnudez forzada. Las FAES separarían a los hombres jóvenes de otros miembros de la familia antes de dispararles. Según sus familiares, casi todas las víctimas habían recibido uno o más disparos en el tórax.
  4. En cada caso, las personas testigos reportaron cómo las FAES manipularon la escena del crimen y las pruebas. Habrían plantado armas y drogas y habrían disparado sus armas contra las paredes o en el aire para insinuar un enfrentamiento y demostrar que la víctima se habría «resistido a la autoridad». En muchos casos, las FAES llevaron a las víctimas al hospital, aunque éstas ya estaban muertas, aparentemente con el propósito de manipular los cuerpos y modificar la escena del crimen. En algunos casos, las autoridades declararon que las víctimas eran delincuentes antes de que hubiese concluido la correspondiente investigación oficial.
  5. Las autoridades clasifican las muertes violentas resultantes de las operaciones de seguridad como “resistencia a la autoridad”. El número de estas muertes es inusualmente alto. En 2018, el Gobierno registró 5.287 muertes violentas en esa categoría[4], en tanto que la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) notificó por lo menos 7.523 muertes violentas de esa categoría[5]. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019, el Gobierno notificó 1.569 muertes violentas por «resistencia a la autoridad”[6]. El OVV informó de al menos 2.124 de esas muertes entre enero y mayo de 2019[7]. La información analizada por el ACNUDH indica que muchas de esas muertes violentas pueden constituir ejecuciones extrajudiciales.
  6. Habida cuenta del perfil de las víctimas, el modus operandi de las operaciones de seguridad y el hecho de que con frecuencia las FAES mantienen una presencia en las comunidades después de concluida la operación, al ACNUDH le preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES y a otras fuerzas de seguridad como instrumento para infundir miedo a la población y mantener el control social.
  7. Además, el ACNUDH documentó los casos de seis hombres jóvenes ejecutados por las FAES en represalia por su papel en las protestas antigubernamentales en 2019. Estas ejecuciones extrajudiciales tuvieron lugar durante allanamientos ilegales de domicilios después de las manifestaciones y siguieron el mismo modus operandi descrito anteriormente.
  8. Acceso efectivo a la justicia y a una reparación adecuada para las víctimas
  9. El Gobierno ha reconocido que existe un problema de acceso a la justicia para todas las personas y ha pedido al ACNUDH que les ayude a resolver esta cuestión. De acuerdo con el Gobierno, para junio de 2019, 44 personas estaban detenidas y 33 órdenes de arresto habían sido dictadas contra otras personas por su presunta responsabilidad por las muertes ocurridas durante las manifestaciones de 2017 y 2019. Cinco miembros de las FAES han sido condenados por homicidio frustrado, uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible, por hechos ocurridos en 2018. Además, 388 miembros de las FAES están siendo investigados por los delitos de homicidio, trato cruel y violación de domicilio cometidos entre 2017 y 2019.
  10. La mayoría de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos señaladas en el presente informe no han tenido un acceso efectivo a la justicia y a una reparación adecuada. Según las y los entrevistadas/os, pocas personas presentan denuncias por miedo a represalias y por falta de confianza en el sistema de justicia. Cuando lo hacen, las autoridades no investigan o no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes.
  11. Por ejemplo, las familias de las personas que murieron durante las protestas masivas de 2017 siguen enfrentando obstáculos generalizados a sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, sin que se haya avanzado en la mayoría de las investigaciones. Además, las familias, principalmente las mujeres, han sido amenazadas y acosadas por los servicios de inteligencia y por la policía, y algunas se han visto obligadas a abandonar el país. Las familias de los hombres matados durante las operaciones de las FAES tampoco han recibido justicia. Ellas se han enfrentado a múltiples obstáculos, entre ellos la renuencia de los/las fiscales a recibir sus denuncias, y la denegación del acceso a la información y a medidas de protección y apoyo psicosocial.
  12. Siguen existiendo factores de impunidad identificados en 2018, entre ellos la falta de cooperación de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas con las investigaciones, la manipulación de la escena del crimen y de las pruebas por parte de las fuerzas de seguridad, las demoras indebidas en las actuaciones judiciales, la elevada rotación de los/as fiscales y los/as jueces/juezas, así como la inmunidad de facto de oficiales superiores[8]. La falta de independencia y la corrupción en el poder judicial son también obstáculos importantes a los que se enfrentan las víctimas en su búsqueda de justicia y reparación.
  13. El Ministerio Público ha incumplido con regularidad su obligación de investigar y llevar a juicio a las personas responsables de los hechos y el Defensor del Pueblo ha guardado silencio ante las violaciones de los derechos humanos. Ninguna de esas instituciones, así como tampoco el Gobierno o la policía dan protección a las víctimas y testigos de violaciones a los derechos humanos. Además, el Fiscal General ha participado de una retórica pública de estigmatización y desacreditación de la oposición y de quienes critican al Gobierno, violando así el principio de presunción de inocencia.
  14. Las mujeres suelen estar en primera línea de la lucha por la verdad, la justicia y la reparación. Dan seguimiento a las actuaciones e investigaciones penales, y participan en ellas, a menudo en un entorno hostil. Manifestaron haber sido amenazadas, maltratadas e insultadas por funcionarios/as públicos y judiciales. Estas mujeres se enfrentan a la exclusión social debido a la vergüenza pública y a la estigmatización. Además de buscar justicia, estas mujeres a menudo se convierten en las principales proveedoras de cuidados, asumen más personas a su cargo y/o se convierten en el sostén de la familia.
  15. Casi dos años después de su creación, la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública no ha publicado su informe sobre la violencia política que tuvo lugar entre 1999 y 2017[9]. La Comisión ha concedido indemnizaciones monetarias y ha proporcionado asistencia jurídica, psicológica, médica y medidas de protección social a 107 familiares de 50 víctimas que murieron durante las protestas de 2017. Sin embargo, en ausencia de un proceso imparcial de búsqueda de la verdad, justicia y reparación, las familias entrevistadas por el ACNUDH consideran el apoyo financiero como un intento de comprar su silencio. De acuerdo con el Gobierno, al 29 de mayo de 2019, 193 personas detenidas por su participación en protestas habían sido puestas en libertad condicional sobre la base de las recomendaciones de la Comisión[10].
  16. Grupos en situación de riesgo
  17. Pueblos Indígenas
  18. Los pueblos indígenas constituyen el 2,5 por ciento de la población de Venezuela y hay más de 50 grupos indígenas[11]. Individualmente, enfrentan los mismos desafíos a sus derechos humanos que la población en general, a menudo de manera desproporcionada y/o diferenciada. También enfrentan desafíos a sus derechos colectivos como pueblos indígenas.
  19. La situación humanitaria ha perjudicado desproporcionadamente los derechos económicos y sociales de muchos pueblos indígenas, especialmente sus derechos a un nivel de vida digno, incluido el derecho a la alimentación, y su derecho a la salud. El cierre de las fronteras de Venezuela[12] tuvo consecuencias graves en los grupos indígenas cuyos territorios tradicionales se extienden a ambos lados de la frontera, como los wayuu.
  20. Hay violaciones de los derechos colectivos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos tradicionales. Han perdido el control de sus tierras, incluso debido a la militarización por parte de los agentes del Estado. Su presencia ha provocado violencia e inseguridad en sus territorios en los últimos años, a lo que se suma la presencia de bandas criminales organizadas y grupos armados.
  21. La extracción de minerales, especialmente en los estados Amazonas y Bolívar, incluyendo la región del Arco Minero del Orinoco, ha dado lugar a violaciones de diversos derechos colectivos, entre otros los derechos a mantener costumbres, modos de vida tradicionales y una relación espiritual con su tierra. La minería también provoca graves daños ambientales y en la salud, como el aumento del paludismo y la contaminación de las vías fluviales. Tiene un efecto diferenciado en las mujeres y niñas indígenas, que corren mayor riesgo de ser objeto de trata de personas. El hecho de no consultar a los pueblos indígenas sobre estas actividades constituye una violación de su derecho a la consulta.
  22. El ACNUDH documentó siete muertes de pueblos indígenas en circunstancias violentas en 2019. Las autoridades y los/as dirigentes indígenas, comprendidas las mujeres, son objeto con frecuencia de amenazas y ataques por parte de agentes estatales, lo que repercute en su derecho a la libre determinación. En el estado Bolívar, las comunidades Pemón que se oponen al Gobierno, en particular las autoridades y los/as dirigentes indígenas, se enfrentan a una represión selectiva por parte de los agentes del Estado.
  23. En febrero de 2019, se produjeron incidentes violentos en el territorio pemón en el contexto de la posible entrada de ayuda desde el cercano Brasil. Sin embargo, no se produjeron de forma aislada, sino en medio de la tensión entre el Gobierno y la comunidad pemón, la cual denuncia una creciente inseguridad, de la que son muestra las muertes causadas el año pasado.
  24. El 22 febrero, unos soldados abrieron fuego contra miembros de la comunidad pemón de Kumaracapay, a tres de los cuales mataron y a 12 hirieron. Durante estos eventos, cuatro soldados fueron retenidos por los/as pemones, y reportaron haber sufrido malos tratos. El 23 de febrero, en la ciudad de Santa Elena y en torno a ella, la GNB hizo un uso excesivo de fuerza contra personas, tanto indígenas como no indígenas, entre ellos personas que se dirigían a la frontera para recibir ayuda. Las personas testigos describieron ataques y caos que duraron todo el día y parte de la noche, en los que la GNB disparó indiscriminadamente desde tanquetas a corta distancia y se lanzaron ataques contra el hospital. Ante la falta de medicamentos y suministros, las personas heridas fueron trasladadas a un hospital brasileño a 200 kilómetros de distancia, en el que se practicaron operaciones quirúrgicas a muchas de ellas, quienes tienen por delante meses de rehabilitación. El ACNUDH confirmó que siete personas murieron (cuatro indígenas y tres no indígenas) y 26 resultaron heridas por disparos de las fuerzas militares. Al menos 63 personas (indígenas y no indígenas) fueron detenidas. Las personas detenidas fueron objeto de malos tratos. Al ACNUDH le preocupan las declaraciones de personas testigos de las que cabe deducir que puede que fueran matadas muchas más personas. También le preocupan los informes sobre una posible fosa común, lo que amerita una investigación más a fondo. El Estado aún no ha emprendido una investigación independiente e imparcial de los incidentes.
  25. Durante esos hechos, fuerzas militares tomaron el control del aeropuerto de la comunidad pemón de Maurak, que hasta entonces estaba bajo control indígena. Maurak y otras dos comunidades siguen militarizadas en el momento de redactar el presente informe.
  26. Estos hechos obligaron a por lo menos 966 pemones a huir al Brasil[13], y la mayoría de las personas entrevistadas dijeron que no regresarían por miedo a ser perseguidas. Los hechos y el posterior desplazamiento han causado un daño irreparable a los/as pemones, quienes han sufrido violaciones de sus derechos individuales y colectivos, que atañen a sus costumbres, su territorio y la libre determinación.
  27. Personas migrantes y refugiadas
  28. El número de personas que se han visto obligadas a dejar Venezuela ha aumentado dramáticamente desde 2018, alcanzando más de 4 millones para el 6 de junio de 2019[14]. Colombia acoge la mayor cantidad de personas, seguida por Perú, Chile, la Argentina, Ecuador y el Brasil.
  29. Violaciones de los derechos a la alimentación y la salud son los factores principales. Muchas personas buscan protección de su derecho a vivir con dignidad. Otros factores son la violencia y la inseguridad, el colapso de los servicios básicos y el deterioro del sistema de educación. En el caso de las mujeres, se añaden la falta de acceso a atención de salud prenatal y postnatal y la insuficiencia de mecanismos de protección frente a la violencia doméstica. La persecución por motivos políticos también está obligando a muchos/as venezolanos/as a solicitar asilo[15]. Los/as niños/as y las personas adultas mayores son quienes a menudo se quedan en el país, siendo las abuelas quienes asumen la carga de cuidados.
  30. Las violaciones de los derechos económicos y sociales que impulsan la migración también afectan a las condiciones en que las personas dejan el país, la manera como se desplazan y las situaciones de vulnerabilidad que afrontan durante la migración. Las personas migrantes pueden encontrarse ya en un estado de salud precario, el cual empeora cuando tienen dificultades para acceder a la salud en los países receptores. Además, independientemente de su condición socioeconómica previa, las personas migrantes se marchan con poquísimo o ningún ahorro. Algunas personas carecen de recursos para viajar en autobús y no les queda más remedio que hacer largas distancias a pie. Estas personas “caminantes” recorren trayectos físicamente extenuantes, en el curso de los cuales se ven expuestas a condiciones climáticas hostiles, falta de refugios en buenas condiciones, alimentos, agua potable y saneamiento. Estas personas también son objeto de robos a mano armada y de otros abusos. Muchas de ellas están bajo presión para enviar alimentos, medicamentos y dinero a casa.
  31. Las situaciones de vulnerabilidad que son generadas en Venezuela se ven agravadas por los problemas que las personas migrantes afrontan en los países de tránsito y de destino, como la carencia de condición de migrantes regulares, condiciones de vida indignas, explotación laboral, discriminación y xenofobia. Estos factores de vulnerabilidad, conjugados con estereotipos hipersexualizados, aumentan la exposición de las mujeres, adolescentes y niñas migrantes a la trata, la explotación sexual y otras formas de violencia de género durante el viaje y en el lugar de destino.
  32. Las personas venezolanas tropiezan con obstáculos para obtener o legalizar documentación, lo cual vulnera su derecho a salir del propio país y su derecho a tener una identidad. Estos obstáculos también tienen un impacto negativo en el derecho a adquirir una nacionalidad y en el derecho a vivir en familia e impide la reunificación familiar, la entrada y la residencia regulares, así como la habilidad para acceder a educación, servicios de salud y a un trabajo decente. Las personas migrantes que dejan el territorio venezolano o que vuelven a él son muchas veces víctimas de extorsión y requisas, especialmente a manos de la GNB. Además, los cierres de las fronteras y requisitos adicionales para para viajar a los países de tránsito y destino obligan a las personas migrantes a utilizar puntos de cruce no oficiales y aumentan, por ende, el riesgo de que sean víctimas de abusos. Según información del Gobierno, entre 2017 y 2019, el Ministerio Público ha registrado 85 denuncias contra funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería; 196 funcionarios están siendo investigados, 87 fueron acusados y 34 condenados, todos por corrupción.
  33. De conformidad con información proporcionada por el Gobierno, desde 2018, 14,070 venezolanos y venezolanas han regresado al país como parte del plan “Vuelve a la Patria”[16]. Las violaciones de los derechos humanos, incluido el derecho a la alimentación y salud, generan necesidades de protección basadas en leyes y estándares internacionales de derechos humanos, incluidas las obligaciones relacionadas con el no retorno. Además, estas violaciones crean situaciones de vulnerabilidad que caracterizan el proceso migratorio en todas sus etapas y que exigen la protección de los derechos humanos.
  34. Conclusiones
  35. El ACNUDH considera que existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud, en Venezuela. El Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas. Conforme se agudizaba la crisis económica, las autoridades empezaron a utilizar los programas sociales de forma discriminatoria, por motivos políticos, y como instrumento de control social. Las recientes sanciones económicas están agravando la crisis económica, lo que en último término aumentará el impacto negativo en el disfrute por la población de los derechos económicos y sociales.
  36. Durante más de un decenio, Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del poder judicial. Aunque estas medidas se han adoptado con la finalidad declarada de preservar el orden público y la seguridad nacional contra presuntas amenazas internas y externas, han aumentado la militarización de las instituciones del Estado y el empleo de la población civil en tareas de inteligencia y defensa.
  37. Todo ello ha permitido al Gobierno cometer numerosas violaciones de los derechos humanos. Las autoridades han atacado especialmente a determinadas personas y grupos, entre ellos a miembros de la oposición política y a quienes se considera que constituyen amenazas para el Gobierno por su capacidad para articular posiciones críticas y movilizar a otras personas. Esta represión selectiva se manifiesta en una multitud de violaciones de los derechos humanos, que pueden constituir persecución por motivos políticos. Estas violaciones requieren más investigación para determinar la pertinente responsabilidad del Estado y la responsabilidad penal individual.
  38. Miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido matadas en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular las FAES. Al ACNUDH le preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES, y posiblemente a otras fuerzas de seguridad, como parte de una política de control social. Estas muertes violentas requieren una investigación inmediata para asegurar la responsabilidad de los perpetradores y las garantías de no repetición.
  39. Los pueblos indígenas venezolanos son objeto de graves violaciones de sus derechos individuales y colectivos. Al ACNUDH le preocupan especialmente los informes de amenazas y actos de violencia contra autoridades y dirigentes indígenas y la represión selectiva de los/as pemones que se oponen al Gobierno. Se necesita más investigación sobre los derechos de los pueblos indígenas, con especial atención a la represión de los pueblos indígenas y las violaciones a sus derechos colectivos a la tierra, los territorios y los recursos.
  40. El Estado ha denegado sistemáticamente los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación. La impunidad ha permitido que se repitan las violaciones de los derechos humanos, ha envalentonado a los autores, y ha dejado de lado a las víctimas. Al ACNUDH le preocupa que, de no mejorar la situación, siga aumentando el éxodo sin precedentes de personas migrantes y refugiadas venezolanas y que las condiciones de las personas que permanecen en el país empeoren.

VII.    Recomendaciones

  1. El ACNUDH hace un llamamiento al Gobierno de Venezuela para que de manera inmediata:

(a)    Adopte todas las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad y la accesibilidad de alimentos, agua, medicamentos esenciales y servicios de atención de la salud, incluidos programas amplios de atención de la salud preventiva, prestando especial atención a los servicios maternos e infantiles, incluida la atención de la salud sexual y reproductiva;

(b)    Adopte de inmediato medidas para cesar, subsanar y prevenir las violaciones de los derechos humanos, en particular las violaciones graves, como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales.

(c)    Lleve a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes de las violaciones de los derechos humanos, incluidas las muertes de indígenas, y lleve a los responsables ante la justicia;

(d)    Ponga en libertad a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad;

(e)    Detenga, condene públicamente, castigue y prevenga todos los actos de persecución y represión selectiva por motivos políticos, incluidas la retórica estigmatizadora y las campañas de desprestigio;

(f)     Adopte medidas efectivas para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos y a las personas profesionales de los medios de comunicación;

(g)    Cese toda intimidación y ataques contra los pueblos indígenas, incluidos/as sus líderes y lideresas, y garantice su protección y adopte todas las medidas necesarias para proteger sus derechos individuales y colectivos, incluido su derecho a la tierra;

(h)    Detenga y prevenga el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones;

(i)     Disuelva las FAES y establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad, asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas;

(j)     Adopte medidas efectivas para restablecer la independencia del sistema judicial y garantizar la imparcialidad de la Fiscalía General y del Defensor del Pueblo;

(k)    Garantice el derecho de las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones con un enfoque sensible al género, así como su protección contra la intimidación y las represalias;

(l)     Garantice el derecho a la identidad y la documentación a todas las personas, incluyendo a niños/as;

(m)   Acepte y facilite el establecimiento de una oficina permanente del ACNUDH en el país.

  1. Además, el ACNUDH hace un llamamiento al Gobierno para que:

(a)    Publique regularmente datos exhaustivos sobre salud y nutrición, desglosados por sexo, edad, pertenencia étnica y lugar de residencia, que puedan utilizarse, entre otros fines, para concebir y aplicar una respuesta humanitaria integral a la crisis;

(b)    Asigne la máxima cantidad posible de recursos disponibles a la realización gradual de los derechos económicos y sociales de una manera transparente y responsable que permita evaluar los gastos;

(c)    Autorice el libre acceso a la información de interés público;

(d)    Garantice que todos los programas sociales se implementen de manera transparente, no politizada y no discriminatoria, con la aplicación de medidas eficaces de supervisión y rendición de cuentas;

(e)    Aumente la cobertura de la vacunación contra enfermedades evitables y adopte medidas adecuadas para controlar los brotes de enfermedades transmisibles;

(f)     Dé prioridad a las medidas para disminuir los embarazos precoces y cuide que todos los planes relativos a los derechos sexuales y reproductivos contengan indicadores mensurables y un mecanismo de seguimiento;

(g)    Revoque las clausuras de medios de comunicación y ponga fin a otras medidas de censura contra los medios de comunicación; garantice el acceso a Internet y a las redes sociales, incluidos los sitios web de noticias, y la imparcialidad de los órganos oficiales en la asignación de las frecuencias del espectro radioeléctrico;

(h)    Desarme y desmantele a los grupos armados civiles progubernamentales (los llamados “colectivos armados”) y garantice la investigación de sus delitos;

(i)     Proteja a las personas, incluidas las que están migrando, frente a abusos, corrupción y extorsiones por parte de agentes del Estado;

(j)     Ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

  1. El Consejo de Derechos Humanos podría:

Solicitar al ACNUDH que se centre en garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos y los abusos en Venezuela, en particular mediante el aumento de la vigilancia, la documentación, el análisis y la presentación de informes públicos sobre la situación de los derechos humanos.

                                                    

                                 *    Este informe se presentó fuera de plazo para recoger en él los acontecimientos recientes.

 [1]   El Gobierno registró 17,407 homicidios en 2016, 14,665 en 2017, y 10,598 en 2018.

[2]   De julio de 2015 a marzo de 2017, el Ministerio Público registró las muertes violentas de 505 personas en Operaciones de Liberación del Pueblo. “Actuaciones del Ministerio Público relacionadas con las OLP en Venezuela (julio 2015 – marzo 2017)”, https://lortegadiaz.com/wp-content/uploads/2017/10/Folleto-OLP-2017.pdf).

[3]   La ONG PROVEA informó de 275 asesinatos en el primer trimestre de 2019. La ONG Monitor de Víctimas reportó 256 asesinatos sólo en Caracas en 2018. La ONG COFAVIC informó de 3.684 asesinatos en 2017-2018, de los cuales el 28% podrían atribuirse a FAES/PNB.

[4]   Información proporcionada por el Gobierno.

 [5]   Observatorio Venezolano de la Violencia, “Informe anual de violencia 2018”, https://observatoriodeviolencia.org.ve/ovv-lacso-informe-anual-de-violencia-2018/.

 [6]   Información proporcionada por el Gobierno.

 [7]   Información proporcionada por el Observatorio Venezolano de la Violencia.

[8]   ACNUDH, “Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin”, 22 de junio de 2018.

 [9]   La ANC creó el 8 de agosto de 2017 la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, encargada de examinar e informar sobre la «violencia política» de 1999 a 2017, incluidas las violaciones de los derechos humanos relacionadas con ella. Como observó el ACNUDH, la Comisión no cumple los estándares internacionales relativos a las comisiones de la verdad.

[10]   Información proporcionada por el Gobierno.

[11]   Instituto Nacional de Estadística, “Censo Nacional de Población y Vivienda 2011”, http://www.ine.gob.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=95&Itemid=9#.

[12]   Las fronteras de Venezuela fueron cerradas el 22 de febrero de 2019. Las fronteras con Aruba y Brasil se reabrieron el 10 de mayo de 2019 y la frontera colombiana se reabrió parcialmente el 10 de junio de 2019.

[13]   Información proporcionada por el Foro Penal Venezolano.

[14]   https://r4v.info/en/situations/platform

 [15]   ACNUR, “Nota de orientación sobre consideraciones de protección internacional para los venezolanos – Actualización I”, mayo de 2019.

[16]   Información proporcionada por el Gobierno.

 

Fuente del informe en español: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Documents/A_HRC_41_18_SP.docx

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