‘En el socialismo los sindicatos
son instrumentos del partido’

«La nueva Ley del Trabajo debe ser el producto de un gran acuerdo nacional entre todos los sectores»


El Universal.- A juicio de Pablo Castro, director del departamento de Contratación y Conflictos de la CTV, la nueva Ley del Trabajo debe ser producto de un gran acuerdo nacional que involucre a todos los sectores, incluyendo al de la economía informal, lo cual, hasta ahora no ha ocurrido: «Nosotros acudimos a la Asamblea Nacional creyendo que la Comisión de Desarrollo Social tenía ya un borrador de ese anteproyecto de ley, y sin embargo éste no existe. Ellos quieren que la ley surja dentro de un marco de transición hacia el socialismo y nosotros planteamos que eso pasa por una reforma de la Constitución».
-¿Dice usted reforma constitucional porque el socialismo, como sistema político, no aparece en la Constitución?

-Efectivamente. No estamos hablando de cualquier ley, sino de un instrumento que va a regular las relaciones de carácter laboral y por eso debe ser concertada. En los sistemas socialistas, como es el caso de la antigua URSS, Cuba o China, que tanto menciona el Presidente, los sindicatos son una herramienta del partido y allí no hay discusión de contratos colectivos, regulación de jornada o prestaciones sociales. El sindicato se convierte en correaje entre el partido y los trabajadores y no establece ni derecho a huelga ni de contratación colectiva. De allí la necesidad de la concertación con todos los sectores que, dicen los diputados, van a ser consultados.

-En todo caso, todavía no hay nada elaborado.

-No lo hay. Por eso es necesario establecer cuál es la visión del Estado, el mecanismo de participación de los trabajadores en la gestión de las empresas del Estado, el derecho a huelga, la progresividad de los derechos de los trabajadores. Nuestra Constitución garantiza la existencia de un Estado democrático, social, de derecho y de justicia. Pero si es una ley de tránsito hacia el socialismo, se impone una reforma constitucional.

-¿Apuntan en la Asamblea hacia la liquidación de todas las conquistas y derechos logrados por los trabajadores venezolanos?

-El discurso de la Comisión es afianzar y profundizar los derechos de los trabajadores que permita el tránsito hacia el socialismo. Pero en ese sentido nosotros exigimos que se respeten los derechos de los trabajadores consagrados en la Constitución, como la libertad sindical. Es decir, la autonomía de los sindicatos y la no injerencia del Estado en su conducción. El convenio 98 obliga al Estado a impulsar las contrataciones colectivas, pero el que tenemos, muy por el contrario, se resiste a hacerlo y piensa liquidar, de acuerdo con un proyecto dado a conocer por el gabinete del presidente Chávez, al sindicato como mecanismo de intermediación ante el empleador. Está por verse si se hará cumplir, igualmente, el compromiso del Estado de la no discriminación por razones políticas, religiosas o de género, así como un sistema de seguridad social que no existe.

-¿No debe amoldarse la ley con normas internacionales establecidas en los mecanismos de integración?

-Debe estar en sintonía con los códigos laborales de los países reunidos en esos sistemas de integración, Mercosur, por ejemplo. Si hay integración económica, hay movilidad de mercancía y de trabajadores, como ocurre en la Unión Europea, donde los códigos se acoplaron, hay una simetría y los derechos de los trabajadores son los mismos en todos los países miembros. Pero también hay que estar atentos con el ALBA. Hay que ver el código de trabajo de Nicaragua y Honduras, pero sobre todo el de Cuba, donde los sindicatos no tienen derecho a discutir convenios colectivos porque el Estado maneja la economía y los sindicatos son instrumentos al servicio del Partido Comunista. Allí sí, por ejemplo, funcionan los colectivos de los trabajadores, que supuestamente participan en la planificación y gestión de las empresas públicas.

-Ante lo que luce como una arremetida contra los derechos de los trabajadores, a principios de año se habló de la creación de una plataforma sindical unitaria. Sin embargo, en los hechos no se sienten los efectos de un intento que parece no haber cuajado aún.

-Esa plataforma de solidaridad sindical está en plena actividad, conformándose a nivel de cada región y en áreas muy específicas, como lo son el petróleo, la zona de Guayana, los trabajadores públicos, el magisterio, el sector eléctrico. Hay un movimiento que se viene desarrollando en forma unitaria para detener los abusos del Gobierno. Estamos luchando por los derechos de los trabajadores, la contratación colectiva, la estabilidad, la no discriminación. El 1° de Mayo hubo una declaración pública de esa coordinadora y en pocos días se realizará un encuentro nacional de sindicatos de base dirigido a analizar esta política y a discutir sobre la nueva Ley de Trabajo. Así que seguimos trabajando, independientemente de la presión y de las amenazas en empresas del Estado y hasta de las prácticas del sicariato que se viene dando en algunas áreas.

-¿Está ocurriendo ese proceso en el sector petrolero donde el descontento de los trabajadores resulta más que evidente?

-Para las elecciones de la federación petrolera hay visiones que están dirigidas a fortalecer la unidad de los trabajadores e impedir que el Gobierno pueda controlar esta central sindical. Y todo eso independientemente de la cantidad de planchas que se presentaron. Sin embargo, ya vimos una reacción oficial, que se tradujo en una impugnación, con la finalidad de retardar el proceso.

-¿Cuál será la estrategia de esa plataforma unitaria ante un gobierno que pretende liquidar o en todo caso mediatizar a los sindicatos? ¿No queda el de la conflictividad como el único camino posible?

-Precisamente en esa dirección vamos. Hay una acumulación de fuerzas y una visión unitaria. Pero no olvidemos que todavía hay compañeros con la creencia de que estamos en un proceso que lleva a la profundización de la democracia y a una sociedad de iguales, es decir, que siguen soñando con la utopía. Y esa posición es respetable, aunque muchos de ellos ya se desencantaron. Otros están en la búsqueda de la unidad por la negativa del patrono público a recocerle sus derechos. Esa iniciativa se está fortaleciendo sobre la base de la defensa de los derechos de los trabajadores y de la libertad sindical. Todo esto sin caer en las provocaciones del Gobierno, cuya pretensión es criminalizar estas acciones, al tiempo que ahora, ante la aparición de la Plataforma Unitaria de Solidaridad Sindical, comenzó a autoproclamarse como «obrerista», queriendo imponer desde arriba la visión del «primer obrero», quien en realidad es un militar.

-¿Cuál es esa visión?

-En reunión del gabinete celebrada en Miraflores se dio a conocer la estrategia del Gobierno frente a las contrataciones colectivas y allí hay una visión de disminuir beneficios porque la concepción socialista deja sin derechos conquistas ya consagradas a los trabajadores. La intención es darle paso a un marco jurídico caracterizado por una contratación plana para todos los trabajadores de la administración pública, central y descentralizada, pero también para las empresas del Estado. Allí está el caso del Metro, donde luego de homologar una contratación colectiva (que pasó por Cordiplan y la Procuraduría), se echó para atrás todo lo logrado. Es decir, hubo la deshomologación, se revisó el contrato colectivo y disminuyeron los beneficios que todavía no se le han cancelado a los trabajadores. Y eso ocurrió luego que parte de la directiva del sindicato y grupos de trabajadores convirtieron al metro en herramienta de proselitismo y publicidad política a favor del Gobierno con vistas al referendo del 15 de febrero. Esperaron hasta esa fecha y luego lo echaron todo para atrás.

-¿Quién está detrás del sicariato sindical, sobre todo entre la dirigencia obrera del oriente y sur del país?

-A partir de la derrota del candidato oficialista (Aristóbulo Istúriz), en el referendo sindical de 2001, el Gobierno comenzó a crear sindicatos paralelos. Para ese momento había dos mil cien sindicatos. Hoy llegan a cinco mil 600, cuando la población laboral ha disminuido por la crisis de la empresa privada. Sólo que en Guayana la industria de la construcción creció en alto grado por el inicio de obras como puentes, represas y carreteras. Nacen entonces, en la zona, unos once sindicatos paralelos para disminuir la presencia del sindicato cetevista. Pero usaron, para agredir, a ex convictos y personas con antecedentes penales, que luego quitaron a quienes los dirigían y se convirtieron en dirigentes sindicales. Nacen así las mafias sindicales que, en un guerra por los puestos de trabajo, acudieron al sicariato para matarse entre ellos mismos. Al día de hoy ya se contabilizan más de 300 víctimas. Creemos que la OIT debe nombrar una comisión que venga a Venezuela e investigue lo que está ocurriendo. Nosotros lo denunciaremos en Ginebra el próximos mes de junio, así como la violencia que se utilizó el 1° de Mayo contra quienes participaron en la marcha celebrada ese día.


POR:

Roberto Giusti





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