AVERU apoyó
la marcha de hoy

Unión Radio.-La Presidenta de la Asociación Venezolana de Rectores y rectora de la Universidad Politécnico Antonio José de Sucre, Rita Añez, señaló que apoyan la posición de la FAPUV y de los demás gremios que reúnen al sector administrativo y obrero de las universidades que marcharon este jueves 26, en nombre de la universidad venezolana ante la defensa de las normas de homologación y la regulación salarial.


«Estamos frente a una nueva confrontación universidad estado. La universidad autónoma y democrática está en una crisis por tres cosas muy puntuales. Se nos prometió un crédito adicional desde noviembre del año pasado, pero lo más preocupante no es que no llegue el crédito adicional porque es una historia muy conocida, sino que hay una situación asociada a las normas de homologación que se aprobaron en el 2004 y que no están siendo ejecutadas por las universidades porque se encuentran centralizadas en el Ministerio de Educación Superior lo que nos puede llevar a una desregularización de las relaciones contractuales entre los gremios y sus consejos universitarios», explicó Añez.
Por otra parte se refirió al decreto 3.444 y la evidencia de su reactivación ante la clara transferencia de funciones de las instancias técnico-administrativas de la Oficina de Panificación del Sector Universitario hacia el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior. «Observamos este hecho con preocupación porque no tendríamos un diálogo con los técnicos de la OPSU, sino con las coyunturas y vaivenes de los altos cargos ministeriales».


En tercer y último lugar Añez se refirió al tema de ingreso a las universidades y la aplicación de una norma transitoria aprobada el pasado 8 de mayo que considera paradójica. «Las universidades que estamos haciendo un esfuerzo para ampliar nuestra oferta académica y educativa no tenemos el apoyo para ofrecer a nuestros estudiantes las condiciones necesarias. Lo contradictorio es que hay una riqueza ahora llamada súbita que debería ser aprovechada para el fortalecimiento de la infraestructura universitaria y no se está haciendo».


Señala que existe un trato inequitativo en el suministro de recursos a las universidades porque sí se están fortaleciéndo a las universidades de la Misión Alma Mater con créditos adicionales que no pasan por el CNU y que se desconocen en su totalidad. Igualmente alude a un decreto que pretende desmantelar a la Universidad Experimental de los Llanos y lo que pudiera ser el preámbulo de una serie de decretos presidenciales o ministeriales que atenten contra el sistema de universitario.


Por su parte, Maria Luisa Maldonado, rectora de la Universidad de Carabobo señaló que lamentan la ausencia de diálogo del gobierno con los representantes de las universidades y de los gremios porque considera que han mantenido, desde el sector de los distintos rectores, una política de entendimiento con las actuales autoridades y que ahora son sorprendidos con resoluciones que se publican y no se explican al sector universitario.


«El 14 de mayo de este año se aprobó una resolución que le atribuye al Ministro del Poder Popular para la Educación Superior la potestad de crear carreras cuando legalmente es una atribución del CNU. En ese mismo decreto se establece que el referido ministerio procurará que las instalaciones e infraestructuras educativas sean entendidas como un parque educativo y tecnológico nacional al servicio de todos. Esto tampoco se entiende. ¿Será que ahora las universidades pueden ser tomadas por cualquier persona que desee realizar una actividad de formación o deportiva? Lo que si entendemos es que hay un plan con las universidades nacionales que no está discutido y que se está llevando adelante.»


«Nuestro llamado – continua- es al Ministro para que convoque al CNU y cumpla con el artículo 23 de la Ley de Universidades para que cara a cara tratemos los problemas de las universidades en lo laboral y lo académico».


Benjamín Sharifker, rector de la Universidad Simón Bolívar, considera que esta serie de decretos destitucionalizan a las universidades al atribuirle a instancias externas las competencias que según las leyes son propias de las instituciones universitarias. «No podemos admitir que la oferta de estudios universitarios se haga fuera del marco de las propias instituciones educativas porque viola todos los preceptos que tienen que ver con la preservación y la función de la calidad de la educación universitaria».


Explica que tampoco se puede tener calidad en la educación cuando los profesores y trabajadores universitarios no son remunerados de acuerdo a sus responsabilidades frente a la nación. «Mas de la mitad de los concursos que se abrieron en la USB el año pasado para proveer cargos académicos de investigación, de enseñanza y de extensión, tuvieron que ser declarados desiertos porque no existe en Venezuela el personal con la formación requerida que esté dispuesta a trabajar con los salarios y los beneficios que pueden ofrecer en este momento la universidad venezolana».


Para Sharifker esto lo interpreta como un acto deliberado de estrangular a las universidades venezolanas a través de la negación de los recursos imprescindibles para que funcionen, porque más de la mitad del presupuesto reposa en partidas centralizadas en la OPSU que son repartidas a las Universidades que ejecutan programas que el gobierno plantea «y esto no es la universidad autónoma consagrada en el artículo 109 de la Constitución Nacional», aclara el Rector.


El Vicerrector Académico de la UCV Nicolás Bianco en representación de la rectora Cecilia García Arocha quien se encuentra hospitalizada con un leve problema de salud, señaló que la UCV solidaria está dando un alerta ante la «profundización del acoso y de la actitud antiuniversitaria del actual gobierno para liquidar el régimen autonómico y tratar de subyugar aún más las universidades públicas». Invitó finalmente a la sociedad a estar alerta para defender la institucionalidad de la universidad venezolana.

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